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Cuerpo de mujer, Campo de batalla

La violencia contra la mujer no se suscribe en la violencia feminicida. En ese sentido, confluyen una serie de factores que inciden en atentar contra las mujeres y las diferentes entidades que protegen los derechos de las mujeres en El Salvador aún no los perciben como tales.
Comúnmente, se piensa que los cuerpos de las mujeres son territorios en disputa. El origen de las situaciones de riesgo que experimentan las mujeres se alimenta del factor económico. Aunque existan muchas mujeres empoderadas y conocedoras de sus derechos en las comunidades y territorios de El Salvador, no contar con ingresos fijos para llevar el sustento diario a sus hogares las esclaviza, lo cual origina un efecto cascada de los otros factores que colocan sus cuerpos ideológica, social y culturalmente dentro de las palestras públicas y privadas como territorios en disputa.
Por ejemplo, cuando una mujer huye de la pandemia de violencia que la vulnera en sus comunidades hacia Estados Unidos, se enfrenta a otras situaciones que la despojan de sus derechos humanos, evidenciadas en la utilización del kit México, ya que la mayoría de las mujeres experimentan un claro temor a ser abusadas sexualmente en su camino hacia Estados Unidos. Cuando retornan, las 26,000 mujeres de México y Estados Unidos a El Salvador, a ninguna se le recibe con la atención con la psicológica y médica después de intentar llegar y mucho menos se les cuestiona si tomaron la "inyección antiMéxico" al momento de cruzar las fronteras.
A esta modalidad de abusos sexuales, se evidencia un acelerado incremento de la violencia sexual para este año, ya que de los 670 casos presentados en los diferentes centros de salud públicos en 2014, estos han incrementado alarmantemente a 1,259, lo que evidencia que las relaciones de poder y dominación de la cultura machista patriarcal refuerzan la justificada profanación de la violencia sexual. Aunque el cuerpo de las mujeres tiemble, la administración pública y la sociedad se convierten en cómplices de estos abusos cuando se calla, se actúa con indiferencia o se revictimiza a las agredidas.
Las mujeres agredidas por la pandemia de la violencia sexual no cuenta con mecanismos que le restituyan sobrellevar la carga de la agresión, ya que carecen de salud de calidad, igualitaria y carente de discriminación en caso de que hayan quedado embarazadas, como se evidencia en las 78 muertes de mujeres, producto de las consecuencias de la silenciosa sombra de la violencia obstétrica, oculta tras las paredes de los hospitales públicos nacionales.
De esta forma, los 410 feminicidios y feminicidios agravados de 2012-2015, reportados por la Fiscalía General de la República (FGR), se traslapan en medio del silencio, la impunidad y la complicidad de las autoridades, factores que rebasan las competencias de la administración pública para darle pronta y cumplida justicia a las familias de las víctimas de violencia de género en El Salvador.

La Unión, el paraíso para las mujeres

En ese sentido, los cuerpos de las mujeres son territorios en disputa porque nadie les brinda seguridad de ningún tipo. El caso de La Unión es digno de admirarse, ya que, aunque se sabe que es un departamento fronterizo, caracterizado por la violencia delincuencial y el tráfico de personas, las estadísticas de las instituciones estatales reflejan nulos o escasos registros, lo cual evidencia un temor generalizado de las mujeres a interponer una denuncia.
La Unión es un verdadero paraíso para las mujeres salvadoreñas. No tienen que migrar a otro país para encontrarlo, pues se encuentra al oriente de El Salvador, un territorio donde se respetan los derechos de las ciudadanas, ya que las instancias estatales presentan nulas o escasas denuncias de delitos cometidos hacia ellas. Sin duda, La Unión es una opción viable para que una mujer que sufra violencia opte por migrar hasta dicha localidad.
Las mujeres parecen contar con un territorio libre de violencia para ellas. Los datos proporcionados por diferentes instancias estales hacen pensar que el departamento de La Unión es un "paraíso" para sus 140,766 mujeres. Llama la atención que se presentan escasas o nulas cifras de delitos cometidos contra las mujeres en El Salvador, situación que llama la atención para el SIAVG.
La PNC reportó 0 casos de violencia feminicida en 2014; para este año, solo reportó 1. De igual forma, los datos de la FGR reportaron 10 casos de feminicidios desde la entrada de la LEIV hasta la fecha y, durante ese lapso de tiempo, se registra una misma cantidad de feminicidios agravados, de los cuales se imputaron judicialmente a 16 personas.
El MINSAL solo reportó un caso de violencia sexual en el municipio de La Unión durante 2014 y, aunque esta cifra haya llegado a cinco para 2015, en estos dos años, los centros asistenciales ubicados en esta localidad solo reportaron dos casos de mujeres fallecidas, producto de la violencia obstétrica. Al ver la situación de diferentes municipios de Chalatenango en torno a las mujeres repatriadas de México y Estados Unidos en los últimos cuatro años, se contempla que 1,059 mujeres regresaron a La Unión.
Sin embargo, tras la superficie del "paraíso", se esconde la existencia de un naturalizado y pernicioso subregistro, una gran cifra oscura que oculta los llamados de auxilio y denuncia de las mujeres, víctimas de la violencia de género, que las socava en la trilogía de la violencia (el miedo, el silencio y la indiferencia).
Por otro lado, aunque existan avances sustanciales en los marcos normativos a favor de la reivindicación de sus derechos en El Salvador, el área de incidencia del SIAVG también ha detectado que la situación de las mujeres ha empeorado en términos de restitución y garantías para que sus derechos se hagan valer al interior de sus comunidades.
Ejemplos concretos bastan y sobran. Al interior del andamiaje estatal, las mujeres como territorios en disputa se enfrentan a procesos rigurosos, revictimizantes y desgastantes en el sector judicial, que pueden tardar días, semanas e incluso años, donde el papel del funcionariado ha descuidado lo humanístico para darle cabida a procesos mecanizados que merman la atención prioritarias que requieren las denuncias.
“Uno por ser mujer es como la débil. Cuando yo me divorcié, una jueza (me dijo) que yo era la culpable, que yo tenía que aguantar, que por qué me separaba y así”, expresa Gloria, una mujer que sufre de las consecuencias emocionales, psicológicas y económicas de lidiar con las desgastantes audiencias judiciales a las cuales se ha visto sometida por su experiencia, quien aún mantiene diferentes procesos judiciales abiertos, aun cuando ya tiene 13 años de haberse separado de ella.
Al igual que Gloria, otras mujeres defensoras recalcan que “el aparato jurídico nos revictimiza una y otra vez. Y lo único que garantiza es la separación, que el individuo no esté agrediendo, amedrentando, amenazando, pero siempre lo está haciendo porque sabe que sale ganando, tiene los medios”.
Lo anterior, responde a la debilidad de las leyes especiales que protegen los derechos de las mujeres, situación reconocida por la jueza Segundo de Instrucción de San Salvador, Violeta Flores, quien asegura que “es casi obligado que para evitar en algunas ocasiones la impunidad que nosotros nos veamos en la necesidad de llamar nuevamente a las víctimas todas las veces que sean necesarias para hacer efectivo y eficaz un proceso de esta naturaleza”.
Por esa razón, aunque una mujer solicite medidas para prevenir cualquier manifestación de violencia por parte de su agresor ante la institución policial o judicial en El Salvador, este aprovecha la inaplicabilidad de la LEIV y la lentitud de los trámites para continuar amenazándola y sometiéndola bajo cualquier medio: desde una mirada y un gesto hasta el hostigamiento por medio de redes sociales y mensajes de texto.
“No son confiables, porque, a veces, los mismos policías dicen: ‘Fulanita llamó’. No hay confiabilidad en las instituciones también. Por eso, uno calla, no dice nada, no habla, porque la misma institución señala y eso no da confiabilidad de nada”, señala una defensora de los derechos humanos de Cuscatancingo, quien reside en una comunidad boscosa, apartada, peligrosa y de difícil acceso, donde se respira el miedo en las calles y las paredes pintadas por la pandilla con “ver, oír y callar”.
En ese sentido, este SIAVG hace un llamado a no descuidar el tema de lo privado, pues el 20 % de feminicidios se comete en este escenario. Y, dado que las mujeres no encuentran atención integral a sus problemas al interior de la administración pública salvadoreña, se vuelve imprescindible recalcar el papel que las defensoras de los derechos humanos ejercen como un elemento fundamental para la contraloría social de la administración pública, de tal forma que brinde el acompañamiento oportuno a víctimas de violencia de los territorios y comunidades del país.
Por esa razón, el SIAVG ha recalcado que las defensoras pertenecen a la sociedad civil y, por tanto, no se encuentran atadas a la administración publica. Solo así, se puede emprender un arduo camino, lleno de entrega y compromiso, que deconstruya la trilogía de la violencia que somete a muchas mujeres en el país, pues su papel vela por el irrestricto respeto de los derechos humanos, poniendo el termómetro sobre las violaciones que se cometen a ellos.
Se vuelve fundamental, entonces, desmontar los planteamientos tradicionales al considerar el cuerpo de las mujeres como territorios en disputa únicamente desde la perspectiva de la violencia delincuencial; se necesita un papel más activo de incidencia territorial del andamiaje estatal, de tal forma que le permita entender las diferentes causas que mantienen a las mujeres excluidas de los espacios donde pueden encontrar una solución concreta a la vulneración de sus derechos.
De nada sirve que existan normativas nacionales a favor de las mujeres si la institucionalidad no cuenta con los insumos necesarios para hacerla valer, tal como está ocurriendo con la LEIV en estos momentos; de ahí, se vuelve fundamental retomar la apuesta del SIAVG en torno a la transversalización de la trilogía de la violencia, de tal forma que se visibiliza recurrentemente en los componentes de trabajo, contemplados en esta iniciativa de la sociedad civil salvadoreña.
"Bajo la sombra del silencio" representa, aunque no sea de agrado para sectores ligados a las estructuras de poder, la ventana de oportunidad que merece la sociedad civil y el SIAVG para visibilidad la gama de factores que confluyen en la problemática de la mujer. Por ende, invitamos a todas las personas interesadas en los derechos de las mujeres a ver y juzgar todos los datos recopilados por el SIAVG en www.hablamederespeto.org.

La justificada profanación de la violencia sexual

 

Hasta septiembre de 2014, los diferentes centros asistenciales de la red pública hospitalaria reportaron 670 casos de violencia sexual en los 262 municipios de El Salvador, los cuales se incrementaron exponencialmente a 1,259 para 2015.
Desde la criminología, la sombra de la no denuncia se sustenta en una fórmula que contrapone los registros de delitos sexual reportados por diferentes instancias estatales. Así, alertamos que, de 1,259 casos de violencia sexual presentados por el MINSAL, solo el 11.27 % de ellos son judicializados según la FGR, situación que robustece la existencia de la trilogía de la violencia (miedo, silencio e indiferencia) que merma la restitución de los derechos de las víctimas.
A grandes rasgos, las cifras de violencia sexual reportadas por MINSAL se localizaron en los departamentos de San Salvador (168), Santa Ana (85) y La Libertad (75) para 2014; en 2015, La Libertad encabeza la mayor cantidad de casos con 225 registros, lo que representa un alarmante incremento del 200 %, seguido de San Salvador (220) y Sonsonate (135).
Si tasamos por poblaciones mayores o iguales a 100,000 habitantes mujeres, encontramos que la mayor cantidad de casos por violencia sexual se encontró en los municipios de Santa Ana (39.45), San Salvador (26.93), San Miguel (23.76) hasta 2014, localidades que se mantienen para septiembre de 2015 con tasas diferenciadas, encabezadas por San Miguel con 49.21 casos, San Salvador y Santa Ana con 48.89 y 47.77 —respectivamente.
Al tasar por poblaciones menores o iguales a 100,000 habitantes mujeres, San Miguel Mercedes, Chalatenango (76.16), El Carrizal, Chalatenango (72.73) y San Miguel Tepezontes, La Paz (72.36) presentan la mayor cifra hasta septiembre de 2014; Santa Cruz Michapa, Cuscatlán, (79.96), Ilobasco, Cabañas (79.36) y San Julián, Sonsonate (74.68) fueron las localidades con la mayor incidencia de agresiones sexuales a mujeres en 2015.
Pese a la existencia de marcos normativos que exigen la creación de un Sistema Nacional de Datos e Información que se actualizará periódicamente para el funcionamiento (o no) de políticas públicas encaminadas a prevenir la violencia contra las mujeres, pervive un subregistro en estadísticas de violencia hacia las mujeres, pues prevalece un temor generalizado a interponer una denuncia, ya sea por inoperancia de la administración pública en atender los casos, así como la amenaza contundente del cogobierno de las pandillas.
En términos de restitución de derechos para las víctimas de la violencia sexual, la balanza se inclina a favor de los agresores. Desde los primeros indicios de la agresión sexual, se demerita su posición, situación aprovechada por los perpetradores para agredirlas desde la privacidad, como lo señala el 20 % de feminicidios reportados por la FGR desde la entrada en vigencia de la LEIV, con lo cual prevalece una ausencia de reparación integral de daños y, ante todo, imposición de medidas que prevengan la reincidencia de la agresión sexual.
El testimonio de María visibiliza la gravedad de la situación. Hace dos años, su hija Elena empezó a salir con un sujeto, cuya sospechosa apariencia llamó la atención. Debido a presiones de su agresor, Elena dejó a su novio para andar con él, quien constantemente ejercía violencia física, psicológica y emocional, tanto en el ámbito público y privado. María estaba preocupada por su hija, quien le decía que no interviniera porque ella no sabía la situación que estaba pasando.
Las agresiones de su pareja continuaron en aumento y aislaron a Elena de su círculo cercano... hasta que un día la secuestró y la abusó sexualmente durante varias horas. Al ver a su hija vejada, María decidió tomar acciones legales; sin embargo, la deuda de la administración pública para proteger a Elena se exacerbó a tal grado que, pese a que su agresor tenía medidas para no acercarse a ella, él continuó acosándola y buscándola para continuar con las agresiones.
Un día, quiso secuestrarla del colegio, pero una amiga la ayudó a esconderse en un cibercafé. Elena estuvo al filo de la violencia al estar a unos metros de su agresor, quien la buscó por cada rincón del lugar. No la encontró. Sin embargo, al enfrentarse judicialmente con su expareja, sufrió revictimización constante de las instancias judiciales, quienes le expresaban de forma hiriente: "Tenga cuidado con quien sale", "Ah, mirá, te quiso ahorcar, ¿verdad?".
A la fecha, su agresor ha desaparecido de su entorno impunemente. Pero eso no quita el hecho de aparezca en la vida de Elena. Y no solo ella tiene que lidiar con las consecuencias físicas, emocionales y psicológicas de las agresiones, también su familia ha tenido que sobrellevarlas, ya que María y su esposo pasan enfermos de reflujo y presión alta; sin embargo, no pierden la esperanza de que algún día puedan encontrar la pronta y cumplida justicia para su hija.
Las aristas de la violencia sexual
No existe un solo perfil del agresor feminicida, ya que "todos los hombres son potencialmente violadores y tienen la potestad de hacerlo o no hacerlo. Y las mujeres no tenemos esa elección. Vivimos con esa zozobra de que realmente somos vulnerables a ser violentadas sexualmente en cualquier momento", asegura la psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia, Adilia Pineda.
Para la psicóloga forense, María Rosa, existen ciertos rasgos de personalidad comunes en agresores sexuales, no determinantes para que un hombre lo sea, pero coincidentes en sus estudios, tales como "severas distorsiones cognitiva respecto a la sexualidad, una autoestima bien baja, rasgos de impulsividad elevadísimos y relaciones deterioradas con el padre; a eso, se suma el ambiente que viene a potenciar o disminuir ciertos rasgos de la personalidad", como el entorno religioso de las víctimas y los agresores.
Estas características se visibilizan en el caso de Lázaro Usiel Eleazar Vásquez del Cid1, un reo en fase de confianza, detenido el 10 de junio de 2015, luego de haber violado a 14 mujeres, cuyas edades rondaban entre los 18 y 22 años. Vásquez las interceptaba en las paradas de autobuses, donde las amedrentaba y les decía que no se resistieran porque estaba armado. Posteriormente, las conducía a un motel, donde le comentaba las a víctimas que había sido contratado por sus exparejas, quienes daban la orden de matarlas. Ellas rogaban que no les hiciera nada, momento aprovechado por Vásquez para exigirles relaciones sexuales con él a cambio de perdónales la vida.
Para Pineda, los agresores sexuales responden a diversas motivaciones al momento de cometer el abuso, pues “algunos van buscando algo que llenar, su falta de seguridad en sí mismo, reafirmarse como hombres —en el concepto que se nos ha enseñado—, pues él tiene que llevar la pauta sexualmente. El hombre busca llenar ciertas dudas, así como el que goza haciéndote sentir dolor”.

Comparativo de registros de violencia sexual MISAL, PNC y FGR

 

El caso de Vásquez del Cid evidencia la incapacidad de la administración pública para detener el accionar de los agresores sexuales. Si el Estado salvadoreño contara con los mecanismos de coordinación interinstitucional —reflejados en un banco de ADN, por ejemplo—, se podría contar con una base de datos que permitiría establecer un perfil de los agresores sexuales, con lo cual se prevendría la reincidencia de esta justificada profanación.
Para eso, el magistrado propietario de Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro Judicial "Isidro Menéndez", Carlos Ernesto Sánchez Escobar, asegura que “no vería que hubiese en principio alguna limitación (en la utilización de kit por violación en unidades de salud). Si se recogen muestras, pues se mandan a los laboratorios; sobre todo, si se tiene una sospecha de una ofensa sexual. Independientemente de eso (la no interposición de la denuncia de la víctima, pues el delito sexual fue cometido en la esfera de lo privado), los delitos se persiguen de oficio”, por lo cual se vuelve prioritario y urgente que el MINSAL realice la prueba de ADN de oficio.
1 Redacción Diario1.com (junio 10, 2015) “Violador en serie de San Salvador era reo en fase de confianza”, consultado el 17 de noviembre de 2015 desde http://diario1.com/nacionales
Mientras el magistrado Sánchez Escobar estima importante la realización de una autopsia psicológica para determinar su una mujer estuvo sometida a una patrón sistemático de violencia, la psicóloga forense María Rosa estima que, aunque los peritajes sean el único medio de prueba para los jueces porque se carece de prueba testimonial, actualmente los equipos criminológicos forenses “no están especializados en adecuados informes periciales, en una adecuada entrevista e interpretación y aplicación. Mientras eso persista, las víctimas seguirán aumentando”.

Mapa de violaciones sexuales cometidas a mujeres registradas por MISAL durante 2014 -2015

Los avisos colocados por violencia sexual en el SIAVG demuestran un descenso de 11 a 4 durante dos años; sin embargo, la agresión sexual representa un eslabón ineludible para que los agresores escalen hacia la última y más extrema manifestación de violencia, el feminicidio, el cual ha experimentado un incremento de 30 avisos colocados para 2015, con lo cual se puede asegurar que las agresiones sexuales son producto de la violencia estructural que ellas experimentan.
A eso, se suma la indiferencia de las cuatro administraciones municipales abarcadas por el SIAVG, donde persisten las relaciones de poder y dominación sobre ellas al descuidar la generación e implementación de Políticas de Género que coadyuven la detección y prevención de las diferentes manifestaciones que sufren las mujeres y, aunque cuenten con Unidades de Género, las personas encargadas no alcanzan a cubrir con las necesidades y demandan que conllevan estas dependencias.
El miedo paraliza a las mujeres. Es una sensación frecuente que, muchas veces, ellas han comentado con expresiones, como “Si me denuncias, te mato” o “Si me denuncias, mato a tu abuelo”, típicas amenazas que las mujeres escuchan en las calles, en sus barrios y que con frecuencia se repiten, una situación repetida por los abusadores y comprobada por las defensoras de derechos y el área de atención clínica. En estos territorios de nadie, la violencia sexual contra las mujeres pasa a la luz del día, pero a la sombra de las autoridades, porque todas las personas llegan a naturalizar los cuerpos en disputa de las mujeres.

Las muertes que esconden en los hospitales

Hablamos de la violencia obstétrica, entendida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “un tipo de violencia institucional expresada en las relaciones de poder que legitiman y naturalizan una serie de procedimientos entre los que se da una apropiación del cuerpo de las mujeres y de los procesos fisiológicos presente durante su embarazo”.
De esta forma, Medina (2009) identifica dos modalidades de violencia obstétrica: la física y la psicológica. En primer lugar, la física comprende “cuando se realizan a la mujer prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de la salud de la parturienta o de la persona por nacer, o cuando no se respeten los tiempos ni las posibilidades del parto biológico”.
La dimensión psicológica implica “el trato deshumanizado, grosero, discriminación, humillación, cuando la mujer va a pedir asesoramiento, o requiere atención, o en el transcurso de una práctica obstétrica. Comprende también la omisión de información sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales”.
Así, las mujeres continúan padeciendo factores que inciden dentro del Sistema Nacional de Salud de El Salvador, ya que, aunque este cuente con mecanismos institucionales para garantizar una salud de calidad, igualitaria en su trato y carente de discriminación, las mujeres continúan vulnerables en su derecho a la salud.
En dos años, los datos proporcionados por el Ministerio de Salud (MINSAL) reportan que 78 mujeres han fallecido por tipo de demora 3, entendida por la Guía Técnica para el Sistema de Vigilancia de la Salud Materno Perinatal (2009), como “la provisión de cuidado obstétricos de emergencia, al presentarse a un establecimiento de salud influyendo en ésta (sic) la capacidad resolutiva del establecimiento: personal capacitado, disponibilidad de medicamentos y suministros”.
La mayor cantidad de diagnósticos de defunción en los 262 municipios de El Salvador se concentró en la sepsis puerperal (7) durante 2014; en 2015, no obstante, la mayor cifra se encontró en la eclampsia durante el trabajo de parto (3) y la preeclampsia severa (3).
Si tasamos la cantidad de casos por cada 100,000 habitantes mujeres en los 262 municipios del país, se vislumbra que los municipios de Cancasque, Chalatenango, y Comacarán, San Miguel, presentaron la alarmante cantidad de 121.2 y 59.2. Para 2015, la mayor cantidad de casos de violencia obstétrica se concentró en las localidades de Guadalupe, San Vicente (63.49), y San José Las Fuentes, La Unión (60.72).
La OMS señala que cada país debe contar con un centro de atención obstétrica integral y cuatro centros de atención obstétrica básica por cada 500,000 habitantes; de los 28 centros asistenciales con que cuenta El Salvador, solo 26 cuentan con “todo lo necesario” para garantizar una atención de calidad para más de tres millones de mujeres que acuden a los diferentes centros asistenciales de la red pública durante su embarazo.
La OMS también señala que existen factores de riesgo determinantes en la mortalidad materna por violencia obstétrica, donde sobresale la vulnerabilidad, entendida como “la carencia o limitación de una condición o conjunto de condiciones protectoras, objeto de los derechos sociales, que debilitan las capacidades de la madre y su familia”.

Mapa de muertes de mujeres, producto de violencia obstétrica

El municipio de Cancasque, Chalatenango, engloba la situación de vulnerabilidad que sufren las mujeres al recibir tardíamente atención en los centros de salud durante su embarazo, pues se enfrentan al problema de accesibilidad, ya que residen en zonas alejadas de los mismos, por lo cual deben sortear con la dificultad del transporte, así como vías y carreteras en malas condiciones para llegar a ellos.
Así, las diferentes manifestaciones de violencia obstétrica se sustentan en la existencia y ejercicio de un biopoder, definido por Foucault (2007) como un mecanismo que “establece qué es lo sano, qué es lo enfermo, y que se considera normal y qué no”, dictando cuáles son las personas aptas y cuáles no.
Los hospitales se han convertido en las principales instituciones disciplinarias donde se les administra el biopoder a las mujeres. En ese sentido, Jordan (en Bellón, 2015) estima que "en la sala de parto coexisten varios tipos distintos de conocimiento, pero el único que cuenta es el conocimiento proporcionado por el médico. Este conocimiento desciende por la estructura jerárquica, donde la mujer es el miembro más lejano".
Sin embargo, aunque carezca de infraestructuras adecuadas/cercanas de las mujeres embarazadas y el personal y el apoyo tecnológico sea insuficiente para cubrir la demanda de salud, no se pueden justificar los malos tratos verbales y psicológicos a ellas en ninguna etapa y, mucho menos, a lesionar por el género en lo sexual y lo reproductivo.
Y, por más que exista un manual de procedimientos médicos para garantizar una atención de calidad para las mujeres durante su embarazo en la red hospitalaria pública, confluyen factores que refuerzan la violencia obstétrica como una amenaza silenciosa, pues no existen medidas punitivas contra quien ejerza cualquiera de sus manifestaciones dentro de los marcos normativos vigentes que protegen los derechos de las mujeres en El Salvador.
Los datos proporcionados por el MINSAL invitan a trascender del actual estado del sistema de salud salvadoreño para indagar las verdaderas razones por las cuales las mujeres continúan muriendo en los hospitales, ya que actualmente esta información no se visibiliza para la generación e implementación de mecanismos que prevengan esta problemática, por lo cual se continúa naturalizando la falta de información, los malos tratos e inadecuados procedimientos médicos que sufren las mujeres durante su embarazo.

El campo minado de las mujeres repatriadas

 

La migración continúa como una apuesta indiscutible del Estado salvadoreño. Sin embargo, la balanza de las políticas públicas se inclinan —relativamente— a favor de los derechos de la población migrante "desde arriba", perspectiva utilitaria que la contempla como generadora de remesas, contradiciendo así el espíritu del Plan Quinquenal 2014-2019, donde se apuesta por “la valoración y crucial rol que tienen (los migrantes) en el desarrollo de El Salvador”2.
En 2015, la Policía Nacional Civil (PNC) reporta 1,345 casos de violencia intrafamiliar, seguidos de 1,259 casos de violencia sexual reportados por el Ministerio de Salud (MINSAL) durante el mismo año, de los cuales la mayor tasa por cada 100,000 habitantes mujeres se reporta en Nueva Trinidad (138.31 casos) y El Carrizal (72.72 casos), ambos municipios de Chalatenango, otrora territorio de la exguerrilla salvadoreña durante el conflicto armado, que actualmente expulsa a las mujeres repatriadas a huir de la sombra de la violencia que vulnera y cercena garantías plenas a sus derechos.
No solo deben lidiar en silencio las agresiones sexuales, también persiste la problemática de las mujeres desaparecidas. Para este año, se reportaron 1,000 casos, donde muchas mujeres desisten de continuar con los casos "por la mínima respuesta de las autoridades, la generalizada desconfianza en el sistema, problemas con la burocracia, temor a represalias, faltas de recursos o tiempo, y porque se ve(n) impedida(s) por la discriminación racial o la pobreza"3.
Según la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador (DGME), durante los últimos cuatro años, han sido repatriadas alrededor de 26,000 mujeres, de las que 15,391 provienen de México, visibilizando el descenso de la otra frontera estadounidense que las mujeres intentan cruzar para llegar a Estados Unidos. Aquí, sufren violaciones a sus derechos, tanto de autoridades mexicanas como de grupos delincuenciales organizados.

Mapa de mujeres repatriadas 2012-2015

Las mujeres sufren todos los riesgos y están dispuestas a correr todos los peligros que implica, razón por la cual deben tomar un anticonceptivo de largo efecto antes de llegar a México, pues el 70 % de las mujeres migrantes son víctimas de abusos sexuales y pueden ser utilizadas como mercancía por redes de tratantes, “cómplices necesarias” de cárteles del narcotráfico y grupos de pandillas.
Las violaciones contra los derechos humanos de las mujeres migrantes no acaba ahí. También, son revictimizadas por las autoridades migratorias mexicanas ante la ausencia de un papel protagónico de las instancias estatales salvadoreñas en aras de para garantizarles la debida protección y asistencia en procesos de trámite y resguardo, donde pueden coincidir con potenciales victimarios.
Por eso, el entendimiento del descenso de la otra frontera de Estados Unidos para por el tamiz de analizar el comportamiento migratorio "desde abajo" en El Salvador durante 2012-2015. En 2012, 1,916 mujeres fueron repatriadas vía aérea y terrestre de México; para 2013, la cifra incrementó un 38.51 % con 2,654; en 2014, 5,259 retornaron al país; y, para este año, hubo un leve incremento de esta cifra con 5,505.
2Cfr. Gobierno de El Salvador. “El Salvador. Productivo, Educado y Seguro. Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019”, p.181, http://www.presidencia.gob.sv
3Cfr. Gargallo, F. (2005). “El feminicidio en la república maquiladora”, consultado el 06 de noviembre de 2015 desde https://francescagargallo.wordpress.com/ensayos/feminismo
Si bien el flujo de repatriación de México es variable en comparación con Estados Unidos, las cifras son preocupantes si tasamos las estadísticas de estos cuatro años por cada 100,000 mujeres en los 262 municipios de El Salvador. Para 2012, San Antonio Los Ranchos, Chalatenango (468.9), Mercedes La Ceiba, La Paz (322.6) y Comalapa, Chalatenango (307.1), fueron las localidades en las que más se concentraron repatriadas.
En 2013, los datos estadísticos apuntan a que la mayoría de mujeres repatriadas se localizaron en Ilobasco, Cabañas (1,843), San Francisco Menéndez, Ahuachapán (1,395) y Sensuntepeque, Cabañas (1,177); durante 2014, Nueva Concepción, Chalatenango (8,160) encabezó la mayor cifra, seguido de San Francisco Menéndez, Ahuachapán (1,877) y Concepción Batres, Usulután (673).
Este 2015, la alarmante cantidad de mujeres repatriadas reitera la problemática de la violencia como un factor multicausal que las obliga a salir de sus municipios de origen, pues la mayoría se encuentra en Mercedes La Ceiba, La Paz (931.7), Las Flores, Chalatenango (722.5) y Nueva Trinidad, Chalatenango (703.2).
En cuatro años, el fenómeno presenta una alarmante constante de repatriación en la zona norte de El Salvador, lo cual denota que las condiciones de vida de las mujeres ha sufrido un drástico giro de la época del conflicto armado a la fecha; recalca el fracaso de las políticas públicas por garantizar una reducción del flujo migratorio de mujeres hacia Estados Unidos, garantizando el pleno goce de derechos políticos, sociales y económicos que las contemple a migrar como última opción para disfrutar una vida libre de violencia.

"Ver, oír y callar" en el Triángulo Norte

El Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Honduras y Guatemala, se encuentra entre los países más violentos del mundo. Bandas de crimen organizado controlan territorios específicos en casi todos los departamentos de estos países y las acciones estatales han sido insuficientes para frenar las tendencias delictivas y garantizar la seguridad ciudadana; principalmente para las mujeres, cuyo sufrimiento se difumina bajo la silenciosa sombra de la impunidad.
Al existir un subregistro de la violencia ejercida hacia ellas, no existe información confiable y suficiente sobre el número de víctimas de las diferentes formas de violencia y sus costos sociales, como se observa en el desplazamiento forzado de familias, cuyas vidas e integridad se encuentran en peligro por amenazas o persecución de las pandillas y actores relacionados con el crimen organizados, por la economía, la violencia intrafamiliar, entre otros.
Si bien muchas mujeres están emigrando hacia Estados Unidos y sus deportaciones son grandes, no se visibiliza el desplazamiento de las mujeres dentro de sus países, quienes son aún más vulnerables cuando están al frente de sus hogares y tienen que emigrar con toda su familia por la violencia. Aunque los Estados de la región cuenten con iniciativas para enfrentar la estructuras criminales como una problemática de seguridad nacional/regional, no tienen políticas y programas integrales para atender las consecuencias humanitarias y necesidades de protección de las mujeres.
No cuentan con albergues seguros de paso cuando son víctimas de violaciones fuera de sus fronteras y, peor aún, al interior de El Salvador y Guatemala no se reconoce oficialmente el desplazamiento forzado generado por la violencia; mientras, en Honduras, aunque existe un reconocimiento oficial de esta problemática y se han creado estructuras para atender sus efectos, no se han registrado avances significativo y beneficios directos hacia quienes sufren la violencia.
Sobre esa línea, se vislumbran buenas intenciones, “un deber ser” por parte del Estado salvadoreño —sin especificar de qué forma se incorporará el enfoque de género en las políticas migratorias— con la finalidad de “reducir los factores de expulsión y a incrementar la protección y vigencia de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito y en sus países de destino”4, por lo cual muchas mujeres continuarán engrosando el número de migrantes irregulares al no garantizar la debida protección a los derechos humanos hacia estas personas.

Violencia feminicida, impunidad y silencio

"El feminicidio alude a las formas de violencia de toda índole: social, económica, institucional, cultural, psicológica y, dentro de ellas, la más grave de ellas, el feminicidio, la muerte de una mujer a consecuencia de su género", asegura el magistrado propietario de Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro Judicial "Isidro Menéndez", Carlos Ernesto Sánchez Escobar.
El flagelo de la violencia feminicida comienza con un piropo callejero que descalifica hasta que escala al asesinato de mujeres, sustentado en que “yo te mato porque desobedeces, pero además dejo el mensaje a las otras mujeres de que no desobedezcan, porque si no corren el riesgo de ser asesinadas; a todo eso responde el feminicidio”.
La violencia feminicida aún no ha conseguido el lugar que merece en el pensamiento y la acción de parte del Estado, pues no existe una debida importancia de su escalonado comportamiento en la agenda de preocupaciones nacionales, pese al avance sustancial en los marcos normativos en pro de los derechos de las mujeres en El Salvador.
Dicha situación encuentra sustento en diferentes factores manejados por algunos funcionarios(as) salvadoreños(as), tales como la negación de su existencia cuando se difuminan los asesinatos de mujeres en la maraña de la violencia delincuencial, el manejo diferenciado de estadísticas del feminicidio y las variopintas interpretaciones conceptuales e institucionales que conlleva.
Los comienzos de la LEIV son muestra de eso. Así, lo reconoce la jueza Segundo de Instrucción de San Salvador, Violeta Flores, quien asegura que su cumplimiento dio muchos problemas en el quehacer judicial, pues “se tenía cierto temor en creer que todos los actos cometidos contra la mujer iba a encajar en esta ley, lo cual no era cierto y también se reprochaba a los juzgados que se iniciaban los procesos bajo esa ley y aquí no se le daba aplicación”.
"Nos faltó un poco de capacitación, de preparación, de sensibilización de todos los encargados de la aplicación de esta ley", subraya Flores, quien, además, asegura que esta situación se ha vuelto a presentar de nueva cuenta, ya que, aunque exista una mejoría significativa en la investigación de casos por violencia feminicida, la constante renovación de personal policial, fiscal y judicial "mantiene latente este problema de aplicación porque no se continua (con el proceso formativo). Parecería que es repetitivo, pero no lo es, porque uno ya nos preparamos y los otros no. Sería conveniente que se le diera seguimiento".
4Cfr. Gobierno de El Salvador. “El Salvador. Productivo, Educado y Seguro. Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019”, p. XX, http://www.presidencia.gob.sv"
Vemos con preocupación, entonces, que la base de asesinatos de mujeres proporcionada por la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) no presente una cuantificación de violencia feminicida durante el año 2011, aunque existan casos que presenten claras caracterizaciones delictivas de feminicidio, como el caso de dos mujeres que fueron asesinadas en el departamento de La Paz durante ese período5.

Mapa de violencia feminicida 2012 -2015

Sumado a eso, las principales falencias del consolidado estadístico de asesinatos de mujeres registrado por la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) durante 2012-2015, yace en el hecho de que suma todos los feminicidios al total de homicidios de mujeres cometidos en el país y, además, no perfila la figura delictiva del feminicidio durante 2012, año en el cual entra en vigencia la LEIV en El Salvador.
Dentro de este cosmos, los feminicidios responden a un dispositivo de género, ordenado y reforzado por el carácter violentogénico de la estructura patriarcal machista, que entra en consonancia con las declaraciones del director de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, quien asegura que “casi el 20 % de los asesinatos contra las mujeres son feminicidios. Una de cada cinco mujeres va a ser asesinada por su condición de género (…) El feminicidio no es un evento que concluya cuando mujer muere, es un proceso que se construye”.
De 2013 a 2015, las estadísticas de la PNC muestran que se han cometido 286 feminicidios; sus datos difieren de los presentados por la FGR, entidad que recalca que se han registrado 218 feminicidios y 192 feminicidios agravados durante los últimos cuatro años.
Al tasar estos datos por poblaciones mayores o iguales a 100,000 mujeres, San Miguel (22.85), San Salvador (12.75) y Santa Ana (7.90) presentan las cifras más elevadas de violencia feminicida desde 2012 hasta 2015; en ese mismo período, Santa Clara, San Vicente (105.4), Cuyultitán, La Paz (62) y Santa Rita, Chalatenango (57.8) registran las tasas más altas en localidades con poblaciones menores o iguales a 100,000 mujeres.
Sobre la violencia feminicida agravada, los municipios con poblaciones mayores o iguales a 100,000 mujeres son San Miguel (5.95), Santa Ana (3.59) y Soyapango (4.07) registran las tasas más altas en los últimos cuatro años; cuando examinamos las localidades con poblaciones menores o iguales a 100,000 mujeres, La Laguna, Chalatenango (95.10), Concepción Quezaltepeque, Chalatenango (72.60), San Isidro Labrador, Chalatenango (70.32) han sido los municipios con mayo incidencia violencia feminicida agravada.
A dos años de la implementación del SIAVG, de ocho feminicidios reportados por las delegaciones policiales en Ciudad Delgado y Mejicanos durante 2014, se observa un elevado incremento a 22 casos presentados en cuatro localidades, situación coincidente con los avisos colocados en esta innovadora plataforma multimedia, donde se reportaron ocho casos de violencia feminicida en 2014 y, para 2015, 27 —respectivamente.
5Cfr. Redacción ElSalvadorNoticias.net (Septiembre 30, 2011). “Asesinan a dos mujeres y un homosexual en el departamento de La Paz”. Consultado el 17 de noviembre de 2015 desde <href="http: www.elsalvadornoticias.net="" 2011="" 09="" 30="" asesinan-a-dos-mujeres-y-un-homosexual-en-el-departamento-de-la-paz="" "="" target="_blank">http://www.elsalvadornoticias.net
Esto claramente demuestra que ser mujer es peligroso en El Salvador. Aquí, la violencia feminicida deja su marca en los cuerpos femeninos bajo la sombra del silencio, que les cataloga como prescindibles, descartables en el imaginario social, disponibles para los “más hombres”, incluso en aquellos territorios que fungieron como bastiones de la guerrilla en la época del conflicto armado, como los departamentos de Chalatenango y Morazán, que ahora expulsan una y otra vez a las mujeres a escapar de la violencia hacia Estados Unidos.

El siniestro rostro de la violencia feminicida

No existe un solo perfil del agresor feminicida. Sin embargo, “es muy frecuente que sean personas conocidas, personas que sufrieron y abuso, lo cual nos lleva al aspecto de que en la familia hay una dinámica de violencia que normalmente la causamos los hombres y otro aspecto cultural y educativo que no se ha podido erradicar; sobre todo, (porque se observa) una agresividad sexual y un mal manejo de la sexualidad”, asegura el magistrado propietario de Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro Judicial "Isidro Menéndez", Carlos Ernesto Sánchez Escobar.
“Las personas que cometen este tipo de hechos son personas con muy baja educación (…) tienen una condición económica y social no muy adecuada que les impide ver la magnitud del daño que causa o, dentro de su patrón cultural, ven la violencia como algo normal”, explica la jueza Segundo de Instrucción, Violeta Flores, al cuestionarle sobre el perfil que tienen los diferentes agresores feminicidas que enfrentan la justicia en El Salvador.
De esta forma, los cuerpos de las mujeres son un campo de batalla, ya que, para Segato (2014), “en él se agreden, desmoralizan, amedrentan, desmovilizan y, eventualmente, derrotan las huestes de hombres a cargo de su vigilancia y protección”, razón por la cual la institucionalidad masculinizada tiene el derecho de profanar aquello que no debe ser resguardado en los escenarios en que se mueven y conducen las mujeres.
Esto se refuerza en los medios utilizados por los agresores para cometer feminicidios. Aunque el director de Medicina Legal, asegure que la mayoría de asesinatos se cometen por arma de fuego, la jueza Violeta Flores, considera que existen diferentes mecanismos para su cometimiento, tales como armas punzantes o contundentes, con los cuales los asesinos “hay mucha más violencia, donde puede verse la manera insidiosa en que el victimario ataca a su propia víctima (…) Se puede ver el odio con que se comete la acción”.
Así, las razones que llevan al feminicidio son diversas. Comúnmente, se piensa que la violencia feminicida se comete por razones de celos, motivados por una supuesta infidelidad de la víctima, la decisión de la mujer de separarse, una situación no aceptada por su agresor, acompasado por el machismo, lo que conlleva a la discriminación y maltrato constante que, de no prevenirse a medida esta va escalando, termina en el feminicidio.
El odio y la saña ejercida por los agresores feminicidas se visibiliza con los casos de Guadalupe Munguía y Rosa Alba. Munguía, propietaria de una cafetería en el mercado de La Unión fue asesinada por su pareja quien, sin remordimiento alguno, le asestó 13 puñaladas en varias partes del cuerpo con un cuchillo que ella utilizaba en su negocio.
Rosa Alba, en cambio, encontró la muerte al ponerle fin a la relación que sostenía con un pastor evangélico de San Salvador. Este no lo aceptó y la asesinó con tal brutalidad que quebró el mango del cuchillo con el cual la apuñaló, falleciendo a causa de las heridas cortopunzantes profundas que tenía en el cuello y la cabeza.
Sin embargo, desde la entrada en vigencia de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en El Salvador (LEIV), Háblame de Respeto encontró otros factores que desencadenan en esta extrema y brutal manifestación de violencia hacia ellas, como las disputas por el patrimonio y la herencia, situaciones difuminadas en la violencia delincuencial que golpea a El Salvador.
Florentina Lucía Cruz de Chávez fue asesinada por su propio hijo, Pedro Juan Chávez Cruz, luego de que ella se negara a darle un dinero obtenido por la venta de una vaca, dado que Chávez Cruz gastaba el dinero en alcohol, motivo por el cual le asestó 30 heridas con un machete que él le había mandado a traer, las cuales le produjeron la muerte de inmediato.
De igual forma, Candelaria Esperanza Morataya Gálvez murió a manos de su esposo, José Corvera, quien deseaba quedarse con una herencia de $173,000 y una casa valorada en $400.000 en Australia, donde ambos residían desde los noventa. El homicida aprovechó la violencia delincuencial que vive el país, ya que, durante una visita realizada con Morataya Gálvez, la asesinó, descargando la culpa en unos asaltantes que nunca existieron.
Por otro lado, el cometimiento de la violencia impersonal se sustenta en la existencia de un cogobierno, una estructura paralela a cargo de grupos delincuenciales organizados, los cuales mantienen sometida a la población en las comunidades del país, cuya acelerada mutación y crecimiento esconde la verdadera magnitud y gravedad de las diferentes manifestaciones de violencia hacia las mujeres bajo una sombra de brutalidad delincuencial e impunidad social e institucional.
No solo el sentimiento de indefensión y terror se experimenta en los espacios privados, también se vive, se respira y se siente en los escenarios públicos, donde comúnmente las mujeres son asesinadas por las pandillas y grupos organizados; el odio y la saña, disfrazado de impersonalidad en las vejaciones cometidas hacia ellas, encuentra sustento en el creciente clima de conflictividad social, vivido por El Salvador en los últimos años.
Tres casos diferentes de violencia feminicida, reportados en el barrio Santa Anita y la Colonia Dina, San Salvador, así como la finca Santa Leonor, Usulután, esbozan la reiterada presencia de sujetos desconocidos, hombres agresores organizados que, sin motivación aparente, ejercen diferentes grados de violencia a sus víctimas, de tal forma que escalan hasta su última y más extrema manifestación, con lo cual dejan un mensaje a otras mujeres, manteniéndolas en un estado de sujeción e indefensión constante.
Tanto en lo público como en lo privado, de los 410 feminicidios y feminicidios agravados reportados por la FGR desde la entrada en vigencia de la LEIV a la fecha, no establecen el lugar preciso del cometimiento de los mismos. Sin embargo, el 20 % de ellos ocurrió en la privacidad de la convivencia entre la víctima y el agresor; mientras, un 80 %, en espacios públicos, lo cual demuestra la naturalización, carente del esclarecimiento de los factores previos que llevaron al cometimiento del feminicidio.
Sin embargo, dentro de los 70 escenarios posibles para el cometimiento de feminicidios registrados por la FGR, llama la atención que dos ocurrieron en centros penitenciarios, uno en un centro escolar y uno en un puesto de la PNC, a pesar de que las autoridades estatales subrayen a las vías públicas y los diferentes escenarios de convivencia privada como los principales escenarios en que se comete la violencia feminicida.
Sumado a eso, pese que la LEIV considera a una persona como mujer desde su nacimiento, los asesinatos de niñas y adolescentes no se encuentran contemplados dentro del mapa de la violencia feminicida presentado por la FGR, como se contempla en el asesinato de una niña en Sesori, San Miguel, lo cual llama la atención de la difuminación de las muertes de mujeres en los consolidados estadísticos de las diferentes instancias encargadas6.
Para el magistrado Sánchez, este caso representa la gravedad en el manejo de los casos de violencia feminicida de parte de las instituciones más importante del sistema salvadoreño, ya que "una niña, tres hombres, el patrón de muerte, pues (el asesinato) sería con indicios vehementes de que se trata de un acto de feminicidio. Pero si no aparece en el mapa, hay un desfase y todos los indicios nos están arrojando que (fue) por la doble condición de vulnerabilidad, ya no por el hecho de ser mujer, sino de ser niña, infante".
Por eso, la estimación de la muerte de una mujer pasa por mejores procesos de investigación, sujetos a la sentencia de la CIDH en 2009, donde establece que los Estados deben estructurar protocolos de investigación que permitan identificar toda esa violencia sistemática que lleva a las mujeres a patrones de muerte.A cuatro años de implementación de la LEIV, hacemos un llamado a las entidades fiscales y policiales a revisar los protocolos que actualmente se manejan para ver en qué se ha fallado y en qué se puede mejorar para trascender del actual estado de sus consolidados, donde predomina la invisibilización del feminicidio y el desfase de sus estadísticas criminales.
Al interior del sistema judicial, abogamos por la implementación de los principios de la Declaración de Milán, de tal forma que el funcionariado trate a la víctima con la compasión y el respeto que se merece, acompañado por la implementación de una política judicial con perspectiva de género y sensibilización sobre el tratamiento de las mujeres que sufren violencia, ya que, si bien es cierto el contacto con el sistema judicial produce daños, se tiene que estar preparado para minimizarlos y darle una pronta y cumplida justicia a todas aquellas mujeres que buscan restituir sus derechos.
Y, ante el sombrío y creciente panorama de violencia sexual, se vuelve prioritario y urgente que el Ministerio de Salud (MINSAL) realice la prueba de ADN de oficio cuando se tenga la sospecha de que una mujer haya sido agredida sexualmente al momento de solicitar ayuda y protección física después de haber sido vulnerada.
En términos de legislación, se vuelve importante visibilizar la gravedad de la problemática de la violencia sexual, invisibilizada en marcos normativos vigentes, contar con centros de apoyos, donde se cuente con el personal para atender a víctimas de violencia sexual, así como un papel enérgico de administración pública, organizaciones de sociedad civil y población salvadoreña para deconstruir el sistema patriarcal y jerarquía complementaria aprendido y asumido desde hace mucho tiempo.
Tanto para la violencia sexual como para la violencia feminicida, abogamos por la trascendencia de los actuales y mecanizados procesos de autopsia, mediante la inclusión de la autopsia psicológica con enfoque criminológico, mecanismo que actualmente carece del pensamiento y acción real en la formación académica y práctica al interior de la administración pública, que coadyuvaría al entendimiento de los diferentes factores que confluyen en esta tierra de nadie para que una mujer continúe siendo vulnerable dentro y fuera de sus espacios de socialización y convivencia.
6Cfr. Lazo, F. (Enero 9, 2015). “Tres hombres capturados por estar vinculados a la muerte de niña en Sesori”. Consultado el 17 de noviembre de 2015 desdehttp://www.laprensagrafica.com

Más que silencio

 


Revise los demás análisis de datos sobre tema de aborto, violencia intrafamiliar, mujeres desaparecidas y delitos cometidos en los municipios abarcados por el SPVG.

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